(Artículo 66).
El politólogo Félix Maradiaga analiza que, las acusaciones contra la institución religiosa nunca han tenido base en la verdad ni en el derecho, sin embargo, la dictadura pretende que la opinión pública nacional e internacional «pase la página» del capitulo represivo contra la Iglesia y ante ello exhorta a seguir denunciando.
Este 27 de mayo se cumplió un año de la acusación por supuesto «lavado de dinero» hecha pública por la Policía orteguista contra la Iglesia católica de Nicaragua y, hasta la fecha, los «investigadores» que prometieron informar sobre el resultado de las indagaciones no han dicho nada más, sin embargo, siguen manteniendo congeladas las cuentas de la institución religiosa y el dinero ocupado «se lo robaron», dice analista.
Mediante un comunicado oficial, el 27 de mayo del año pasado, la Policía al servicio de la dictadura Ortega-Murillo informó que, tras una supuesta denuncia, que no especifica de quién, procedieron a investigar y encontraron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas en diócesis del país». El comunicado es tan superficial y opaco pues no da mayores detalles. No especifica cantidad de dinero encontrado ni en qué diócesis.
La acusación policial, de hecho da por culpable a la institución religiosa, pues asegura que, dentro de la Iglesia existe una «red delictiva de lavado de dinero», sin establecer siquiera la presunción de inocencia, como manda la Ley, y afirma además que, en la supuesta investigación que desarrollaban en aquel momento participaban, además del aparato policial, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
¿Y los resultados?
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