(Gabriela Origlia. LA NACION).
Una de las religiosas que dejó el convento de San Bernardo presentó una nota al vicario judicial en la que cuenta una serie de situaciones complicadas que vivió; su hermana denunció supuesta coacción contra ella.
CÓRDOBA.– A poco más de dos años de que estallara la grieta religiosa existente en Salta en torno de la devoción de la Virgen del Cerro y que enfrenta al Arzobispado con las monjas de clausura del convento San Bernardo, uno de los cuatro procesos judiciales abierto vuelve a moverse. Es la causa vinculada a la denuncia de la hermana de una religiosa por supuesta privación ilegítima de la libertad, amenazas y coacción contra las autoridades del monasterio. Había sido archivada, pero se reactivó.
Una carta que la monja dirigió al vicario judicial de la Arquidiócesis de Salta, Dante Simón, para que la sume al informe que elabora a pedido del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica –órgano del Vaticano del que dependen las carmelitas– fue presentada al fiscal Ramiro Ramos Osorio como “prueba documental”. En ese texto, fechado en abril pasado, la religiosa describe “los hechos vividos desde el año 2014 hasta el 21 de diciembre del 2022″, fecha en la que decidió retirarse del San Bernardo. Allí describe una serie de tratos “muy violentos”, “grabaciones de conversaciones” y la “quita de regalos familiares”.
La religiosa, que da su identidad en la carta, estuvo 32 años recluida en el convento. Ahora, enferma de cáncer, vive en la casa de una persona en Salta. Afirma que, desde el 10 de agosto de 2014, cuando murió la priora María de los Ángeles, la “vida en el monasterio cambió radicalmente”.